Pablo Moyano anunció que dejará la secretaría gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), porque la conducción de la central sindical "no representa hoy los intereses de los trabajadores".
"Renuncio, por no estar de acuerdo con esta conducción, porque no representa hoy los intereses de los trabajadores y lo que demandan", dijo Moyano a través de un comunicado.
"Tenemos un camino y líneas bien claras, iniciados hace años, y no serán abandonadas. Estos dirigentes están en las antípodas de la lucha obrera, entregan a los trabajadores ante la reforma flexibilizadora de Macri, significando precarización, despidos, suspensiones. Quita de derechos para los trabajadores y de mayores beneficios para los empresarios", agregó.
"Ante tanta indecisión es fundamental fortalecer nuestra representación gremial en todos los sectores, sobre todo por los retos que implica ante este neoliberalismo, egoísta, materialista, antinacional, antipopular y cruel en su desmedido individualismo devastador", concluyó el gremialista.
Mientras tanto Gordos e Independientes ya planean la CGT sin Camioneros y tientan a gremios que no definieron su posición a permanecer en el armado que viene. Para eso se reunieron ayer y empezaron a fijar sus principales criterios.
ALLANAMIENTO
En medio de las declaraciones de ruptura de la Central Obrera y después de la masiva marcha convocada por Hugo Moyano, el juez federal Claudio Bonadio emitió un oficio y revisó los libros societarios y contables de la obra social de Camioneros.
La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.
"Todo el material que pidió Bonadio ya está en su escritorio", dijo Daniel Llermanos, abogado del camionero, y señaló que el requerimiento judicial responde a una denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato.
Llermanos sostuvo que el pasivo de la obra social es "responsabilidad del Estado, que tiene retenido fondos y de OCA, que le debe al Sindicato 800 millones de pesos. Entre el Estado y OCA le deben 2.300 millones de pesos", aseguró.
Regresar
